La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lanzó un llamado urgente al Gobierno nacional para que esclarezca el alcance del proceso de diálogo entre las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, que desde principios de octubre han declarado una tregua en Barranquilla y su área metropolitana.
Desde Barranquilla, Marín reconoció una reducción en los hechos de violencia letal, pero advirtió que el país no puede permitir que estos acercamientos se conviertan en acuerdos provisionales para la distribución de economías ilícitas. “Tenemos información sobre la tregua que se hizo a principios de octubre y se ha visto una reducción de hechos de violencia letal en la ciudad. Esto es positivo. Sin embargo, también hemos pedido al Gobierno algunas claridades respecto de cuál es el ámbito de estas conversaciones, para evitar que estos diálogos sean sencillamente como unos acuerdos provisionales de distribución de las economías ilícitas, sin que conduzcan realmente a un desescalamiento de las violencias más estructurales”, expresó Marín Ortiz.
El proceso de paz urbana entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ ha sido respaldado por la Consejería Comisionada de Paz como parte de la estrategia de “Paz Total”. Según cifras oficiales, en el primer mes de tregua se registró una disminución del 57% en homicidios, 84% en extorsiones y más del 60% en hurtos a comercio en Barranquilla. Sin embargo, expertos y organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz han advertido que aún no existe una mesa formal de negociación y que los acercamientos podrían estar sustentados más en pactos entre mandos medios que en una voluntad real de desmovilización.
La Defensoría del Pueblo ha insistido en que cualquier proceso de conversación debe estar centrado en los derechos de las víctimas, y que se requiere una respuesta institucional articulada que incluya medidas de prevención, protección y justicia. “Generalmente recomendamos el uso persuasivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, pero también es importante la coordinación de la respuesta institucional a través de medidas de prevención más general relacionadas, por ejemplo, con la administración de justicia, la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”, agregó Marín Ortiz.
La ciudad de Barranquilla ha sido epicentro de múltiples iniciativas de paz urbana, incluyendo mesas ciudadanas con jóvenes, mujeres y líderes sociales, y encuentros con autoridades locales para territorializar el proceso. No obstante, la Defensoría advierte que el contexto criminal en el Atlántico es complejo y va más allá de las estructuras locales. “En el departamento de Atlántico lo que vemos es una presencia más dominante del Clan del Golfo, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, pero también grupos de criminalidad organizada, no solo nacionales sino también internacionales como el cartel del Sinaloa, el cartel de los Balcanes y el Tren de Aragua”, señaló la defensora.
Esta presencia transnacional se ha evidenciado en operaciones de microtráfico, extorsión y salida internacional de mercancías ilegales desde puertos del Caribe colombiano. La Defensoría ha documentado cómo estas economías ilícitas se entrelazan con dinámicas locales de violencia, lo que representa un desafío adicional para cualquier intento de pacificación.
Como parte de su labor preventiva, la Defensoría del Pueblo mantiene activas varias alertas tempranas en el departamento del Atlántico y la región Caribe para advertir sobre riesgos para la población civil en zonas con alta presencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales. Entre las alertas vigentes figuran la Alerta 029-2022 para municipios como Baranoa, Luruaco, Polonuevo, Repelón y Sabanagrande; la Alerta 022-2023 para Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad; además de dos alertas nacionales, incluyendo una de carácter electoral.
